¿En qué momento perdimos la Soberanía Económica Nacional?
Esther Alexandra Garwer y
Rolando Zelaya y Ferrera
Las políticas
de ajuste estructural emergen de las condiciones que dos de las
instituciones Bretton Woods, el FMI y el
BM, habían estado adjuntando a sus préstamos desde principios de los años 1950.
Al principio estas condicionalidades se enfocaron principalmente en la política
macro económica de los países. En nuestro país, Gálvez fomentó la modernización
del Estado y la economía del país con medidas que incluyeron, entre otras la
creación del Banco Central de Honduras, Banco
Nacional de Fomento hoy renombrado como BANADESA, la oficialización del
uso del Lempira como moneda nacional y el impuesto sobre la renta. La emisión
de la Ley del impuesto sobre la Renta creó un instrumento de recaudación que
posibilitó una mejor estructura del presupuesto y la inversión pública, que fue
lo que le recomendó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Gálvez, con
la creación del impuesto sobre la renta, y un banco encargado de financiar el
desarrollo agrícola e industrial. La misma contempló un impuesto sobre ventas
como forma permanente de recaudación por volumen mientras el ISR sería una vez
al año.
El 15 de
Octubre de 1949 en el Mensaje dirigido al Congreso Nacional durante su sesión
inaugural, Gálvez afirmaba “…Ley que se hace necesario para liberar al
pueblo…de la imposición indirecta que han venido pagando desde hace tiempo…pues
el impuesto…es y ha sido siempre considerado como la imposición más justa y
equitativa para el sostenimiento de las cargas, cada vez más crecidas que tiene
que sufragar el Estado para sus necesidades. Con él, los individuos o corporaciones
de negocios de hondureños o extranjeros radicados en el país, contribuirán con
el producto de sus utilidades….”
En los años subsiguientes, los programas de ajuste
estructural (PAE) como son conocidos hoy en día, se originaron debido a una
serie de desastres económicos globales a finales de la década de 1970: la
crisis de petróleo, la crisis de la deuda, múltiples depresiones económicas y
ala estanflación. Estos desastres fiscales llevaron a algunos políticos a
decidir que era necesaria una intervención más profunda para mejorar el
bienestar de un país en su conjunto. Es así como el electorado hondureño al
favorecer al Dr. Roberto Suazo Córdova, candidato del Partido
Liberal, para que asumiera la Presidencia el 27 de enero de 1982, sin imaginar
que el apoyo que también le brindara los Estados Unidos de Norteamérica, obligaría a dicha administración, a tomar
decisiones ante la difícil situación económica que ocurre al producirse un
déficit en la balanza comercial y un mayor endeudamiento del Estado; propondrían
para contrarrestar estos aspectos, el aumento de impuestos, la reducción del
gasto público, la privatización de instituciones estatales, semiautónomo y
deficitaria. Pese a que en su campaña electoral Suazo Córdova ofreció al
pueblo, la promesa de llevar a cabo un ambicioso programa de desarrollo económico y social en Honduras
con el fin de revertir los efectos de la recesión por la cual atravesaba el
país.
El gobierno siguiente de José Simón Azcona, heredó
una situación de claroscuros, ya que si por una parte se registraba un
crecimiento sustancial, basado en las exportaciones bananeras y cafetaleras, y
además no inflacionista, por otra parte las actividades industriales y del
sector de la construcción estaban en franco declive a causa de la penuria de
inversiones, los compromisos de la deuda externa, que ascendía a 2.400 millones
de dólares y cuyo servicio comprometía una cuota creciente de los ingresos del
Estado, y el paro, que afectaba al 25% de la población activa. Y todo ello
sobre un fondo de pobreza y, en muchos puntos del país, de subdesarrollo
endémicos. Además, la ayuda económica de Estados Unidos, otorgada a modo de
complemento de la ayuda militar y rara vez considerada suficiente por las
autoridades de Tegucigalpa, estaba adquiriendo la traza de un subsidio que más
bien reforzaba la dependencia exterior de Honduras, en ausencia de verdaderas
políticas de crecimiento y desarrollo estructurales.
En el plano económico, Rafael Leonardo Callejas afrontó las dificultades
de otros gobiernos de la zona a la hora de aplicar
medidas de estabilización financiera y ajuste estructural siguiendo el precepto
del FMI, trascendental empresa que puso en marcha confiado en la
popularidad de la que gozaba como flamante mandatario. Objetivo prioritario de
Callejas era retomar el diálogo con los organismos multilaterales de crédito,
cuando se cumplía un año de la declaración por el Banco Mundial a Honduras como
país inelegible para el desembolso de nuevos préstamos. La Ley de
Ordenamiento Económico, traducida en sucesivas devaluaciones de la moneda
nacional, el lempira -que desde 1920 había mantenido un tipo de cambio fijo con
el dólar-, los despidos masivos en el sector público y la reducción del gasto
social, castigó inevitablemente a extensas capas de la población ya de por sí
golpeadas por las carencias propias de un país pobre y con un reparto de rentas
muy desequilibrado, y el reciente y agudo desabastecimiento de todo tipo de
productos de primera necesidad, provocando, ya en los primeros meses de la
administración de Callejas, una fuerte contestación social que se expresó en
agitaciones callejeras y huelgas sectoriales convocadas por unas organizaciones
sindicales muy batalladoras. Por de pronto, el presidente, al menos, pudo
presentar como un logro la reanudación de la asistencia financiera
internacional, lo cual, unido a las excelentes relaciones con la potencia
norteamericana, facilitó la condonación por Washington en septiembre de 1991 de
430 millones de dólares de deuda bilateral. Al final de su mandato, la política
neoliberal de Callejas se saldaba con un balance bastante discreto en la
macroeconomía, con un crecimiento anual medio de sólo el 1,5% del PIB y una
inflación errática que únicamente en el ejercicio de 1992 cayó por debajo del
10% anual, e indiscutiblemente desastroso en el terreno social.
En
2002, las políticas de ajuste estructural experimentaron otra transición: la
introducción de documentos de estrategias para la reducción de la pobreza, como
respuesta a la creencia de que “los programas exitosos de economía política
deben ser fundados en una fuerte propiedad del país en cuestión”. Además, los
programas de ajuste estructural con su énfasis en la reducción de la pobreza
habían intentado alinearse a sí mismos con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Como resultados de los documentos de Estrategias para la Reducción de
la Pobreza, se implementó en el FMI y en el Banco Mundial una aproximación más
flexible y creativa a la creación de políticas. Si bien el enfoque central de
los programas de ajuste estructural ha
seguido siendo el equilibrio de la Deuda externa y el déficit comercial, los
motivos de estas deudas han sido objeto de una transición. Hoy en día los
programas de ajuste estructural y sus instituciones prestamistas han
incrementado su esfera de influencia al proveer ayuda a países que experimentan
problemas económicos debido a desastres naturales o a una MALA ADMINISTRACIÓN
ECONÓMICA.
Existen múltiples
críticas que se enfocan en diferentes elementos del programa de ajuste
estructural, entre éstos, los críticos afirman que estos programas ponen en
peligro la soberanía de las economías nacionales, ya que una organización
exterior dicta la política económica nacional. Asimismo argumentan que, la
creación de una buena política es de propio interés de la nación soberana; por
lo tanto, los programas de ajuste estructural serían innecesarios, dado que el
Estado estaría actuando en su mejor interés. No obstante, en muchos países
pobres, el Gobierno favorece las ganancias políticas sobre los intereses
económicos nacionales, de forma que buscan rentas prácticas para consolidar su
poder político, en lugar de abordar los problemas económicos cruciales.
Si bien la deuda
pública en países en desarrollo y desarrollados es un hecho casi universal, los
países de bajos ingresos se enfrentan a una posición mucho más vulnerable para
mantener una balanza de pagos equilibrada, si se toma en cuenta que las 47
naciones más pobres del mundo tenían una deuda de $488 mil millones de dólares
en 2003. Por otra parte, debido a la casi universalidad de la deuda, una
crítica popular es que los términos del ajuste estructural se han convertido en
un modelo para la gestión de gran parte de la humanidad. Por lo tanto, algunos
argumentan que el proceso político democrático de un sinnúmero de países se ha
visto socavado por las decisiones formuladas a kilómetros de distancia por
burócratas económicos occidentales y que la implementación de tales políticas
solo ha beneficiado a los más grandes donantes (Estados Unidos, Reino Unido,
Canadá y Japón). Por ejemplo, la apertura de países a las inversiones
extranjeras permite a las empresas de Estados Unidos construir fábricas en
zonas empobrecidas. Las corporaciones son capaces de aprovechar el excedente de
mano de obra barata y la falta de reglamentaciones ambientales para crear
bienes a un precio inferior. Como resultado de ello, los beneficios
corporativos aumentan y los flujos comerciales se incrementan hacia ese país en
particular. Si bien esto aumenta el PIB, la mayoría de los ingresos en realidad
beneficia a la corporación y al país donde la empresa está basada. Por el
contrario, muchos sostienen que las personas empleadas por las corporaciones
están desesperadamente necesitadas de cualquier tipo de trabajo, pues las
formas alternativas de empleo o estilos de vida disponibles son mucho peores.
Finalmente una
política común necesaria en el ajuste estructural es la privatización de las
industrias y los recursos de propiedad estatal. Aparentemente, esta política
tiene como objetivo aumentar la eficiencia y la inversión, a la vez que
disminuye el gasto público. Los recursos de propiedad del Estado deben ser
vendidos sea que generen beneficios fiscales o no lo. No obstante, los críticos
han condenado los requisitos de la privatización. Cuando los recursos son
transferidos a las empresas extranjeras o a las élites nacionales, el objetivo
de la prosperidad pública es reemplazado por el objetivo de acumulación
privada. Además, las empresas estatales pueden tener pérdidas fiscales, ya que
cumplen un rol social más amplio, como puede ser el suministro de servicios
públicos a bajo costo y puestos de trabajo.
La privatización
convierte a las necesidades básicas, tales como el agua y el sistema de salud,
en una mercancía que no es accesible para quienes no puedan pagar por ellas.
Por ello, muchos académicos han sostenido que los programas de ajuste
estructural no responden al interés del país prestatario, sino más bien a las
élites del mundo en desarrollo y desarrollado. Así, los PAE son extremadamente
perjudiciales para los países pobres que los implementan, ya que muchas
personas no pueden permitirse el lujo de pagar por un sistema de salud o por
educación, lo que deja a la población más enferma y menos educada. Las
consecuencias negativas se encontrarían en que personas enfermas no son
productivas y no pueden trabajar para librarse de las deudas; por tanto, la
privatización de un servicio previamente social, como es el caso de la salud,
iría contra el supuesto propósito de los programas de ajuste estructural.
Fuente:
1. 1. Argueta
Mario, Juan Manuel Gálvez: su trayectoria gubernativa, 1ª Edición, Tegucigalpa,
BCH, 2066, pp. 36; tomado a su vez del Boletín del Congreso Nacional
Extraordinario de la República de Honduras, Serie I, No. 18, de enero de 1950,
pp.10-11.
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