jueves, 9 de enero de 2014

Ante un nuevo ajuste...reflexionemos...



¿En qué momento perdimos la Soberanía Económica Nacional?


Esther Alexandra Garwer y
Rolando Zelaya y Ferrera

Las políticas de ajuste estructural emergen de las condiciones que dos de las instituciones  Bretton Woods, el FMI y el BM, habían estado adjuntando a sus préstamos desde principios de los años 1950. Al principio estas condicionalidades se enfocaron principalmente en la política macro económica de los países. En nuestro país, Gálvez fomentó la modernización del Estado y la economía del país con medidas que incluyeron, entre otras la creación del Banco Central de Honduras, Banco Nacional de Fomento hoy renombrado como BANADESA, la oficialización del uso del Lempira como moneda nacional y el impuesto sobre la renta. La emisión de la Ley del impuesto sobre la Renta creó un instrumento de recaudación que posibilitó una mejor estructura del presupuesto y la inversión pública, que fue lo que le recomendó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Gálvez, con la creación del impuesto sobre la renta, y un banco encargado de financiar el desarrollo agrícola e industrial. La misma contempló un impuesto sobre ventas como forma permanente de recaudación por volumen mientras el ISR sería una vez al año.


El 15 de Octubre de 1949 en el Mensaje dirigido al Congreso Nacional durante su sesión inaugural, Gálvez afirmaba “…Ley que se hace necesario para liberar al pueblo…de la imposición indirecta que han venido pagando desde hace tiempo…pues el impuesto…es y ha sido siempre considerado como la imposición más justa y equitativa para el sostenimiento de las cargas, cada vez más crecidas que tiene que sufragar el Estado para sus necesidades. Con él, los individuos o corporaciones de negocios de hondureños o extranjeros radicados en el país, contribuirán con el producto de sus utilidades….”


En los años subsiguientes, los programas de ajuste estructural (PAE) como son conocidos hoy en día, se originaron debido a una serie de desastres económicos globales a finales de la década de 1970: la crisis de petróleo, la crisis de la deuda, múltiples depresiones económicas y ala estanflación. Estos desastres fiscales llevaron a algunos políticos a decidir que era necesaria una intervención más profunda para mejorar el bienestar de un país en su conjunto. Es así como el electorado hondureño al favorecer al Dr. Roberto Suazo Córdova, candidato del Partido Liberal, para que asumiera la Presidencia el 27 de enero de 1982, sin imaginar que el apoyo que también le brindara los Estados Unidos de Norteamérica,  obligaría a dicha administración, a tomar decisiones ante la difícil situación económica que ocurre al producirse un déficit en la balanza comercial y un mayor endeudamiento del Estado; propondrían para contrarrestar estos aspectos, el aumento de impuestos, la reducción del gasto público, la privatización de instituciones estatales, semiautónomo y deficitaria. Pese a que en su campaña electoral Suazo Córdova ofreció al pueblo, la promesa de llevar a cabo un ambicioso programa de desarrollo económico y social en Honduras con el fin de revertir los efectos de la recesión por la cual atravesaba el país.



El gobierno siguiente de José Simón Azcona, heredó una situación de claroscuros, ya que si por una parte se registraba un crecimiento sustancial, basado en las exportaciones bananeras y cafetaleras, y además no inflacionista, por otra parte las actividades industriales y del sector de la construcción estaban en franco declive a causa de la penuria de inversiones, los compromisos de la deuda externa, que ascendía a 2.400 millones de dólares y cuyo servicio comprometía una cuota creciente de los ingresos del Estado, y el paro, que afectaba al 25% de la población activa. Y todo ello sobre un fondo de pobreza y, en muchos puntos del país, de subdesarrollo endémicos. Además, la ayuda económica de Estados Unidos, otorgada a modo de complemento de la ayuda militar y rara vez considerada suficiente por las autoridades de Tegucigalpa, estaba adquiriendo la traza de un subsidio que más bien reforzaba la dependencia exterior de Honduras, en ausencia de verdaderas políticas de crecimiento y desarrollo estructurales.



En el plano económico, Rafael Leonardo Callejas afrontó las dificultades de otros gobiernos de la zona a la hora de aplicar medidas de estabilización financiera y ajuste estructural siguiendo el precepto del FMI, trascendental empresa que puso en marcha confiado en la popularidad de la que gozaba como flamante mandatario. Objetivo prioritario de Callejas era retomar el diálogo con los organismos multilaterales de crédito, cuando se cumplía un año de la declaración por el Banco Mundial a Honduras como país inelegible para el desembolso de nuevos préstamos. La Ley de Ordenamiento Económico, traducida en sucesivas devaluaciones de la moneda nacional, el lempira -que desde 1920 había mantenido un tipo de cambio fijo con el dólar-, los despidos masivos en el sector público y la reducción del gasto social, castigó inevitablemente a extensas capas de la población ya de por sí golpeadas por las carencias propias de un país pobre y con un reparto de rentas muy desequilibrado, y el reciente y agudo desabastecimiento de todo tipo de productos de primera necesidad, provocando, ya en los primeros meses de la administración de Callejas, una fuerte contestación social que se expresó en agitaciones callejeras y huelgas sectoriales convocadas por unas organizaciones sindicales muy batalladoras. Por de pronto, el presidente, al menos, pudo presentar como un logro la reanudación de la asistencia financiera internacional, lo cual, unido a las excelentes relaciones con la potencia norteamericana, facilitó la condonación por Washington en septiembre de 1991 de 430 millones de dólares de deuda bilateral. Al final de su mandato, la política neoliberal de Callejas se saldaba con un balance bastante discreto en la macroeconomía, con un crecimiento anual medio de sólo el 1,5% del PIB y una inflación errática que únicamente en el ejercicio de 1992 cayó por debajo del 10% anual, e indiscutiblemente desastroso en el terreno social.



En 2002, las políticas de ajuste estructural experimentaron otra transición: la introducción de documentos de estrategias para la reducción de la pobreza, como respuesta a la creencia de que “los programas exitosos de economía política deben ser fundados en una fuerte propiedad del país en cuestión”. Además, los programas de ajuste estructural con su énfasis en la reducción de la pobreza habían intentado alinearse a sí mismos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como resultados de los documentos de Estrategias para la Reducción de la Pobreza, se implementó en el FMI y en el Banco Mundial una aproximación más flexible y creativa a la creación de políticas. Si bien el enfoque central de los programas de ajuste estructural  ha seguido siendo el equilibrio de la Deuda externa y el déficit comercial, los motivos de estas deudas han sido objeto de una transición. Hoy en día los programas de ajuste estructural y sus instituciones prestamistas han incrementado su esfera de influencia al proveer ayuda a países que experimentan problemas económicos debido a desastres naturales o a una MALA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA.



Existen múltiples críticas que se enfocan en diferentes elementos del programa de ajuste estructural, entre éstos, los críticos afirman que estos programas ponen en peligro la soberanía de las economías nacionales, ya que una organización exterior dicta la política económica nacional. Asimismo argumentan que, la creación de una buena política es de propio interés de la nación soberana; por lo tanto, los programas de ajuste estructural serían innecesarios, dado que el Estado estaría actuando en su mejor interés. No obstante, en muchos países pobres, el Gobierno favorece las ganancias políticas sobre los intereses económicos nacionales, de forma que buscan rentas prácticas para consolidar su poder político, en lugar de abordar los problemas económicos cruciales.



Si bien la deuda pública en países en desarrollo y desarrollados es un hecho casi universal, los países de bajos ingresos se enfrentan a una posición mucho más vulnerable para mantener una balanza de pagos equilibrada, si se toma en cuenta que las 47 naciones más pobres del mundo tenían una deuda de $488 mil millones de dólares en 2003. Por otra parte, debido a la casi universalidad de la deuda, una crítica popular es que los términos del ajuste estructural se han convertido en un modelo para la gestión de gran parte de la humanidad. Por lo tanto, algunos argumentan que el proceso político democrático de un sinnúmero de países se ha visto socavado por las decisiones formuladas a kilómetros de distancia por burócratas económicos occidentales y que la implementación de tales políticas solo ha beneficiado a los más grandes donantes (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Japón). Por ejemplo, la apertura de países a las inversiones extranjeras permite a las empresas de Estados Unidos construir fábricas en zonas empobrecidas. Las corporaciones son capaces de aprovechar el excedente de mano de obra barata y la falta de reglamentaciones ambientales para crear bienes a un precio inferior. Como resultado de ello, los beneficios corporativos aumentan y los flujos comerciales se incrementan hacia ese país en particular. Si bien esto aumenta el PIB, la mayoría de los ingresos en realidad beneficia a la corporación y al país donde la empresa está basada. Por el contrario, muchos sostienen que las personas empleadas por las corporaciones están desesperadamente necesitadas de cualquier tipo de trabajo, pues las formas alternativas de empleo o estilos de vida disponibles son mucho peores.

 


Finalmente una política común necesaria en el ajuste estructural es la privatización de las industrias y los recursos de propiedad estatal. Aparentemente, esta política tiene como objetivo aumentar la eficiencia y la inversión, a la vez que disminuye el gasto público. Los recursos de propiedad del Estado deben ser vendidos sea que generen beneficios fiscales o no lo. No obstante, los críticos han condenado los requisitos de la privatización. Cuando los recursos son transferidos a las empresas extranjeras o a las élites nacionales, el objetivo de la prosperidad pública es reemplazado por el objetivo de acumulación privada. Además, las empresas estatales pueden tener pérdidas fiscales, ya que cumplen un rol social más amplio, como puede ser el suministro de servicios públicos a bajo costo y puestos de trabajo.



La privatización convierte a las necesidades básicas, tales como el agua y el sistema de salud, en una mercancía que no es accesible para quienes no puedan pagar por ellas. Por ello, muchos académicos han sostenido que los programas de ajuste estructural no responden al interés del país prestatario, sino más bien a las élites del mundo en desarrollo y desarrollado. Así, los PAE son extremadamente perjudiciales para los países pobres que los implementan, ya que muchas personas no pueden permitirse el lujo de pagar por un sistema de salud o por educación, lo que deja a la población más enferma y menos educada. Las consecuencias negativas se encontrarían en que personas enfermas no son productivas y no pueden trabajar para librarse de las deudas; por tanto, la privatización de un servicio previamente social, como es el caso de la salud, iría contra el supuesto propósito de los programas de ajuste estructural.



Fuente:
1.     1. Argueta Mario, Juan Manuel Gálvez: su trayectoria gubernativa, 1ª Edición, Tegucigalpa, BCH, 2066, pp. 36; tomado a su vez del Boletín del Congreso Nacional Extraordinario de la República de Honduras, Serie I, No. 18, de enero de 1950, pp.10-11.
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3.       3. http://www.historiadehonduras.hn/Historia/Independiente/EventosRecientes.htm
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