30 AÑOS DE INFORMÁTICA EN HONDURAS-1958-1988

Dominicales  6 marzo, 2011

Por: Rolando Zelaya y Ferrera

¿Usar la informática, por qué?

Villeda Morales inicia un  régimen político que expresa una amplia alianza política entre los núcleos emergentes de la burguesía industrial y financiera, las capas medias urbanas, la burocracia militar y los sectores populares (obreros y campesinos). En el marco de una matriz productiva que se diversifica y de una estructura de clases más compleja, el régimen político de Villeda Morales recoge las demandas de un conjunto de grupos y clases sociales que constituyen sus bases políticas y que cuestionan el estilo de dominación política excluyente instrumentado por la clase terrateniente y la burguesía comercial aliados al capital imperialista bananero y pugnan por la ampliación de las bases sociales de poder y por concesiones sociales.

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Por medio de la gestión política de Villeda Morales, los núcleos de la burguesía industrial pueden ser impulsados y protegidos sus intereses desde el aparato estatal, en tanto que las capas medias urbanas mejoran sus oportunidades de empleo, ya sea por la extensión del aparato estatal o por el crecimiento de los servicios que acompañan el proceso de industrialización y urbanización. El ejército percibe los beneficios de su fortalecimiento como fuerza política, lo que queda claramente establecido a partir de la constitución política de 1957, en tanto que los sectores populares obtienen algunas concesiones sociales.

Por otra parte, la aparición de organismos internacionales fomentados a través de los diferentes programas de ayuda de las instituciones norteamericanas con miras a una integración y mejoramiento económico en América Latina, genera nuevas oportunidades de asensos en la escala social al grado de fortalecer significativamente la clase media y sobre todo la burguesía industrial, la cual, es hasta este momento, en donde recibe el empuje necesario para posteriormente volverse un grupo consistente de mucho peso en la política nacional. De hecho, toda esta expansión urbana en las áreas industrialmente más productivas del país así como en la capital política fue, como vimos en el primer capítulo, producto de todas las medidas tomadas durante el régimen Villedista que sentó las bases para este crecimiento acelerado de los núcleos poblacionales más importantes.

Sin embargo, es de hacer notar, que si bien es cierto los cambios y reestructuraciones iniciadas durante el período antes mencionado empezaron a mover los engranajes de una modernización en el aparato estatal, también es cierto que el mismo quizás no estaba preparado para ello por lo menos en las dimensiones en que el fenómeno empezó a manifestarse. Esto puede verse en los diversos cambios ocurridos a inicios de los años sesenta en las diferentes instituciones del Estado, en particular, la empresa de luz y agua, la tesorería nacional y el Ministerio de Hacienda que se convirtió posteriormente en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De hecho, la captación de impuestos se volvió prioritaria no sólo para el Estado sino también para las municipalidades; este trabajo anteriormente realizado por grupos de contadores que rendían informes con más de cuatro meses de retraso durante el período de Tiburcio Carías Andino ([1]) se incrementó significativamente durante el período de Villeda Morales ([2]) en busca de mejorar el sistema y siguió aumentando considerablemente en los años siguientes. Los sistemas manuales de recolección cambiaron desde la centralización municipal hasta la apertura de oficinas de Tributación en cada municipalidad, quedando definitivamente separados el impuesto vecinal del impuesto sobre la renta ([3]).

Para darnos una idea del crecimiento en cuestión de percepción fiscal, podemos citar que para inicios de los años sesenta el rubro agropecuario generaba tan sólo 2 millones de lempiras a nivel nacional y para finales de la misma década ya generaba los 6 millones de lempiras; para el primer lustro de los años setenta generaba 43.1 millones de lempiras sumándose a esto el nuevo rubro industrial que aportaba en ese entonces un incipiente 1.8 millones de lempiras en mercado local ([4]) y que apoyaba al sector agropecuario en la generación de derivados industriales de esos productos agropecuarios.

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El nuevo sector industrial, empezaba a perfilarse como uno de los máximos generadores de impuestos y consumidores de servicios públicos. Hasta antes de este momento, los servicios públicos eran tarifados de acuerdo con la categoría social del lugar y en forma rígida mensualmente sin importar si el consumo era mayor o menor a lo estipulado; el alumbrado público era gratuito por ser obligación de la municipalidad, y el agua, siempre fuente de problemas en algunas áreas, empezaba a ampliar su red de distribución hacia las nuevas áreas de la ciudad siempre bajo el régimen de tarificación única ([5]).

Posteriormente, con la introducción de contadores especiales, se tarifaron los servicios de acuerdo a una unidad de medida específica para el rubro explotado, por kilowatt la energía eléctrica y por litro el agua potable ([6]) y se creó el servicio personalizado basado en recibos mensuales que las personas podían recibir en casa y pagar en el lugar adecuado. Pero para llegar a esto los cambios a realizar en el sistema administrativo debían ser más fuertes de lo que el gobierno hasta ese momento había hecho. La reorganización de los métodos de trabajo en este sentido, fueron tomadas por técnicos extranjeros que determinaron los tópicos a tomar en cuenta a la hora de desarrollar nuevas estructuras organizacionales. La asesoría por parte de la AID y de otras agencias internacionales introdujo nuevos conceptos administrativos y por ende nuevas tecnologías hasta el momento ignorados o desconocidos en nuestro país.

Los informes resultantes de las diferentes asesorías muestran claras evidencias de estar en contra de los métodos implementados por el gobierno de Honduras, los que en su mayoría eran remiendos a formas de trabajo ya existentes ([7]) y en algunos de ellos el planteamiento es simple: empezar de nuevo. Todavía a inicios de los años setenta un grupo de asesores mexicanos diseñan todo un sistema de captación individual de renta basado en lo que se conoce cono el Registro Tributario Nacional ([8]) y que en comparación con lo que se había intentado anteriormente, funcionó muy bien durante los siguientes años que estuvo en operación.

Debido a que el problema básico era el volumen de los datos que se manejaban, la mayoría de las asesorías recomendaban la instalación de computadoras capaces de manejar estos volúmenes de información en menor tiempo y de forma más eficiente ¿por qué?

Las ventajas de la computadora en el campo comercial fueron contempladas hasta finales de los años ’50 cuando el ejército de los Estados Unidos por fin permitió que la misma dejara de ser parte de los secretos de Estado y se fomentara la competencia y su producción en masa por parte de compañías privadas. Su orientación primordial fue la administración de la información como recurso principal en la toma de decisiones para las empresas que conformaban el mercado hacia el cual se podía dirigir la venta de este tipo de máquinas; en el caso particular de los Estados Unidos, constituyó en pocos años la base fundamental para resolver las complejas situaciones de las organizaciones que, con esta herramienta, generaron nuevas perspectivas en la administración moderna.

El gobierno norteamericano aprovechó el recurso logrando un gran avance en cuanto a productividad y atención al público por parte de sus instituciones, en especial el Seguro Social, mostrando con ello que las funciones básicas de planeamiento y control dependían del flujo de la información hacia y entre los centros donde se tomaban decisiones; esto provocó al mismo tiempo que la estructura y composición de las instituciones gubernamentales comenzara a reflejar un nuevo enfoque en el rediseño de estas organizaciones. El cambio más importante obtenido fue en la forma de administración de las funciones técnicas, en especial la captación de impuestos.

 

La experiencia administrativa anterior, fue reflejada en los planes de Alianza para el Progreso, la CEPAL y la teoría de modernización del Estado, al proponer en los mismos la aplicación de nuevas metodologías administrativas, basadas algunas de ellas en el uso de la computadora. La creciente amplitud y complejidad de las actividades administrativas provocada, a su vez, por el rápido crecimiento poblacional y sobre todo urbano, exigía de sistemas de información que dieran la mayor cantidad de datos con un esfuerzo mínimo en el menor tiempo posible, para de esta manera, producir cambios importantes en la estructura de las organizaciones del Estado y que optimizaran sus funciones al contribuyente.

El cambio de estructuras en el proceso de definición del Estado hondureño lo volvió de notable complejidad en su estructura administrativa para tratar de crear condiciones generales óptimas para la producción y reproducción capitalista mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura vial y al mismo tiempo, mediante el mejoramiento de las entidades gubernamentales y municipales. El asumir este reto por parte del Estado ha significado, asumir crecientes responsabilidades que lejos de mermar, van creciendo año con año conforme crece la población económicamente activa; esto se expresa institucionalmente en la reproducción y calificación de la fuerza trabajo cuyo valor de uso consume el capital ([9]). Estas y las funciones que tradicionalmente ha venido desempeñando el aparato estatal, queda definida a partir de la necesidad de crear condiciones para la reproducción ampliada de capital, mantener la dominación de ciertas clases y fracciones  de clase sobre el conjunto de la sociedad y el requerimiento de reproducir la naturaleza de las relaciones sociales dominantes y generar un cierto consenso sobre la legitimidad del orden social vigente, así como estabilizar  y orientar en un sentido menos cuestionador la posibilidad de desafío político que pueda implicar la movilización de las clases subalternas, para tal sistema de dominación.

El Estado capitalista hondureño se ha ido configurando funcionalmente, sus transformaciones institucionales así como el énfasis de la actividad institucional del estado y la definición de sus prioridades se ven determinados por la dialéctica compleja de factores externos o internos de la dinámica social. El crecimiento poblacional exige un mejor control de determinadas características con miras a mantener todo lo apuntado anteriormente; a mayor volumen mayor dificultad en controlar la sociedad. Si bien es cierto, se ha cedido un poco de poder al dar autonomía a los gobiernos municipales, esta autonomía es relativa puesto que deben informar a un gobierno central sobre las actividades de los gobiernos locales. Estos para subsistir, son parte de una cadena de información que al final justifica su existencia y las maneras de autofinanciarse o de solicitar financiamiento al gobierno central.

Lo anterior fue resuelto por el gobierno mediante la introducción de nuevas tecnologías que permiten mantener el control con un costo relativamente más bajo para el gobierno. Es este punto, el de los costos, el más importante. El gobierno de Honduras tenía empleados en 1966 a 28,164 hondureños en las diferentes instituciones del gobierno y para 1968 el total era de 33,620, para 1974 esta cifra ya había aumentado a 38,578 personas que significaron una deuda interna de casi 46 millones de lempiras y con un obvio aumento progresivo en los años siguientes([10]). Para poder mantener un estricto control, el Estado necesitaba emplear cada año a un 25% de la última cifra dada, anualmente y que crearía por consiguiente una inversión económica para el Estado hondureño de casi el mismo porcentaje para la última cifra dada. Este crecimiento resultaría al cabo de cinco años, insostenible para la República por lo que AID propone la utilización de computadoras “como una forma de reducir los posibles costos en que incurriría el gobierno de Honduras ante la necesidad poblacional de servicios más eficientes y de mayor confiabilidad por parte de sus organismos de servicios”([11]) y en donde también proponen una “reunión con técnicos especializados, que den alternativas de solución a través del mecanismo propuesto”([12]).

De esta manera y siguiendo las sugerencias de los organismos de cooperación norteamericanos, el Estado hondureño se concentra en la compra y entrenamiento de personal con miras a establecer sistemas automáticos de información; la lentitud de los trámites burocráticos y la falta de decisión por parte de los gobiernos provoca que la empresa privada sea la primera en utilizar el medio aunque esto da un margen al gobierno para poder evaluar los resultados de este experimento privado ([13]) que por su mismo carácter permitió la organización suficiente para que funcionara a cabalidad. Por otra parte, el hecho de que la Standard Fruit Co. ya poseía máquinas de registro unitario y posteriormente una computadora con un sistema de información muy bien montado, ayudó a que el planteamiento de AID ante el gobierno de Honduras no fuera tomado como fantasía sino como un hecho tangible ([14]). Si bien es cierto los costos de inversión eran altos, “AID está en plena disposición de facilitar el financiamiento necesario a fin de auxiliar en la instalación y mantenimiento de centros de cómputo, manejándose los mismos bajo las condiciones expresadas en el planteamiento general de ayudas para L.A.” ([15]AID Files, Informe Técnico de CTN, 1962). Podemos afirmar que gracias a estas condiciones el gobierno accede a las sugerencias de los técnicos extranjeros, pero de una forma prudente como se verá en el siguiente artículo, el próximo domingo.

Referencias:
[1] Informe fiscal del primer trimestre año 1940, La Gaceta, edición extraordinaria, Biblioteca personal del doctor Leo Valladares Lanza.
[2] Tabulación de nombramientos: Contador I, diferentes Gacetas, varios años, ver anexo 1.
[3] La Gaceta, año LXCII, No. 18325, pág. 1.
[4] CONSUPLANE, Plan Global, 1979-1983.
[5] Moreno, Andrés, “Evolución de las Tasas de Pago”, Tesis para Licenciatura en Contaduría Pública, 1977, Colección Hondureña, UNAH.
[6] La Gaceta, Años LXC y LXCIII, marzo de 1965 y octubre 1968, págs. 1 y 2 respectivamente.
[7] AID Microfilm Files Dept., Reel 13, Title Technical Support H50-60″, USAID, Anexo Embajada Americana, Tegucigalpa, Honduras.
[8] La Gaceta, año LXCXI, Contrata No. 1054-72 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 14 de mayo de 1972.
[9] Posas Mario, Del Cid Rafael, “La construcción del sector público y del Estado Nacional En Honduras, Editorial EDUCA, 2a. edición, 1983, pág. 10.
[10] Análisis de la deuda interna nacional, publicación del Banco Central de  Honduras, 1975.
[11] USIS, “AID FILES, Informe Técnico de CTN, 1962″, Instituto Hondureño de Cultura Interamericana por Cortesía de USIS Honduras.
[12] Ídem.
[13] Registro de la Propiedad, Asociaciones y Representaciones, 1956 a 1963.
[14] Diario El Día, 14 de Julio de 1964, pág. 2.
[15] USIS, “AID Files, informe técnico de CTN, 1962, Instituto de Cultura Interamericana por Cortesía de USIS Honduras